DIEGO NARVÁEZ
Sostenella y no enmedalla. El Ayuntamiento de Málaga, que preside Francisco de la Torre (PP), no va a modificar los proyectos incluidos en el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que han sido considerados como "inviables" en los distintos informes sectoriales emitidos por otras administraciones.
El pleno de Málaga celebrará mañana una sesión extraordinaria para aprobar una serie de modificaciones al documento para dar cumplimiento a estos informes sectoriales y para corregir errores, pero no se tocarán proyectos que han tenido algún reparo como la construcción en Arraijanal, última parcela libre en primera línea de playa, las torres de Repsol o el desarrollo de los suelos que ocupó la antigua central térmica junto a la playa de La Misericordia. El Ayuntamiento prevé ingresar 170 millones de euros por los convenios firmados con los propietarios de estos terrenos.
En total, el pleno verá 162 modificaciones que, según la asesoría jurídica municipal, no suponen una alteración sustancial del planeamiento aprobado provisionalmente el 14 de agosto de 2008. Por ello, no será necesario convocar un nuevo periodo de información pública.
Especialmente significativa es la desconsideración del consistorio hacia el informe de impacto ambiental que emitió la Consejería de Medio Ambiente. Este departamento considera inviables proyectos como la urbanización en Arraijanal, en los terrenos al norte de la ronda de circunvalación y en la vega del río Campanillas, lo que afecta a unas 8.000 viviendas, prácticamente la tercera parte de las proyectadas en el nuevo PGOU.
Los 500.000 metros cuadrados de Arraijanal ya se preservan como suelo no urbanizable en el Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de Málaga (POTAUM) a punto de ser aprobado por el consejo de Gobierno de la Junta. Pese a que el Ayuntamiento de Málaga conocía esta consideración, firmó con la promotora Vallehermoso un convenio para construir 664 viviendas, hoteles y equipamiento comercial por el que recibirá 28 millones de euros.
El Ayuntamiento considera que el informe ambiental es una invasión de competencias municipales por parte de la Junta. En noviembre, el consistorio pidió a la consejería que modificara su estudio de impacto amparándose en un informe de la asesoría jurídica municipal. El equipo de gobierno sí ha modificado nueve puntos derivados del informe de impacto ambiental, pero sobre cuestiones menores.
Una vez aprobado por el pleno, el Ayuntamiento remitirá el paquete de modificaciones a la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio, que es a la que compete la aprobación definitiva del PGOU, y que, a la vista de la persistencia de estos proyectos ambientalmente inviables, decidirá presumiblemente dejarlos en suspenso. La oposición ha criticado la actitud del alcalde, Francisco de la Torre. El portavoz de IU, Pedro Moreno Brenes, entiende que trata de "eludir los controles de las demás Administraciones", y considera que se requeriría una nueva aprobación provisional con información pública porque sí hay modificaciones sustanciales. El portavoz del PSOE, Rafael Fuentes, critica que el alcalde "se empeña en la defensa de los intereses privados de unos cuantos".
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