La pregunta de la consejería de Justicia es muy simple: ¿Dónde estamos? ¿Qué recursos tenemos y qué hace falta para mejorar y acabar con este atasco? Desde esta semana, la Justicia andaluza dispone de un instrumento más para comenzar su reforma y que el atasco de 500.000 asuntos sin resolver sólo en Andalucía, empiece a menguar. La primera fase de la auditoría para examinar el rendimiento de los funcionarios ha culminado tras tres meses de trabajo.
Los sindicatos alegan que en otras provincias hay el doble de interinos
La provincia de Málaga es el campo de pruebas donde se mira con lupa cada uno de sus 163 juzgados y 1.496 trabajadores. Y el primer dato es que el 85,8% de los efectivos son funcionarios, mientras que los interinos llegan a los 14,2%. Para la Junta, el dato evidencia "el elevado grado de estabilidad en los puestos". Mientras, los sindicatos consideran que el porcentaje de Málaga se puede duplicar en los juzgados de provincias como Almería y Cádiz.
La segunda buena noticia para Justicia proviene del porcentaje de absentismo, situado en el 4,53% entre funcionarios e interinos. Sin embargo, en órganos como Vigilancia Penitenciaria el índice de baja se dispara hasta el 37,5%, mientras que en Registro Civil, Menores y Social ronda el 11%. El análisis de la situación laboral en los juzgados malagueños, elaborado por la empresa Doop Consultores, arroja cifras positivas según los responsables de la consejería, pese a la patente gravedad de la situación. "Los resultados son muy favorables en cuanto a la ocupación de la plantilla y escaso grado de absentismo laboral. La situación es manifiestamente mejorable y estamos buscando causas", comenta Jorge Pérez de la Blanca, director general de Oficina Judicial.
Por su parte, Francisco Rueda, presidente del sindicato CSIF, pone en duda que los datos de Málaga puedan trasladarse al análisis del resto de provincias andaluzas. "Discrepo de ese dato porque al extrapolarlo a Almería y Cádiz se llegará al 35%, y ese 14% se va al traste". La interinidad de las plazas es una tendencia a la baja, pero a menudo lastrada por la falta de presupuesto, incluso antes de la crisis. "Aún así, la directiva europea de 2005 indicaba que la tasa de eventualidad no debe superar nunca el 8%", añade Rueda.
A pesar de que el porcentaje total sea del 14%, en órganos judiciales de lo Mercantil se llega al 40%, subida motivada sin duda por la extraordinaria carga de trabajo tanto en Málaga como en Sevilla, recientemente paliada por la creación de dos nuevos juzgados. El porcentaje también es más alto en lo Penal (28,7%), de Vigilancia Penitenciaria (25%) y de lo Social (22,8%).
El objetivo último de esta radiografía de los juzgados pasa por la implantación de la nueva oficina judicial, promesa que acumula un retraso crónico. Todos los actores implicados en el vuelco de este servicio público que es la Justicia (Consejería, Ministerio, Consejo General del Poder Judicial) coinciden en que la desesperante acumulación de expedientes nace en la mala organización que rige los juzgados, al margen de las leyes procesales trasnochadas. La burocracia, repetición y reparto de funciones provocan que tanto el secretario como el juez se dediquen a diario a funciones que podría ejercer un funcionario. La segunda fase del estudio, que espera concluir sus trabajos en el primer semestre de 2010, determinará cómo desarrollan los funcionarios su jornada laboral, qué carga de trabajo soporta cada puesto y cuánta gente hace falta para sacar adelante ese trabajo. En definitiva eteeeerno, saber si el desayuno de muchos funcionarios a media mañana es un mito o una extendida costumbre.
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