Málaga deposita 15,4 millones para salvar suelo en Gibralfaro

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El Ayuntamiento de Málaga dio ayer un paso más en el litigio que mantiene con propietarios de suelo en el monte Gibralfaro y su entorno sobre los precios de expropiación y acordó consignar en la Caja General de Depósitos de Hacienda los 15,4 millones de euros que fijó como justiprecio la Comisión Provincial de Valoraciones por cinco parcelas cuyos propietarios exigían una suma de 143 millones.

El Ayuntamiento tiene impugnado el justiprecio en la vía de lo contencioso-administrativo, pero ha decidido depositarlo para evitar el riesgo de tener que abonar intereses en caso de perder el litigio. También han recurrido los propietarios, que aspiran a que se les reconozcan derechos de aprovechamientos urbanísticos y que se les valore el suelo al precio de urbanizable en una de las más caras de la ciudad.

El equipo de Gobierno que preside Francisco de la Torre cree que ha habido operaciones especulativas en la zona y que hay promotores que intentan sacar tajada. Por ejemplo, una de las parcelas a expropiar fue adquirida por sus propietarios en febrero de 2004 por algo más de 432.000 euros y en noviembre solicitaron la expropiación forzosa por 34 millones de euros -La Comisión Provincial de Valoraciones fijó un justiprecio de 2,3 millones-.

Los suelos en cuestión figuraban como sistema local de espacios libres en el Plan General de Ordenación Urbana vigente. La ley establece que cuando un suelo tiene esta catalogación, el Ayuntamiento dispone de un plazo de cuatro años para adquirirlos cuando son suelos privados, y transcurrido ese plazo los dueños pueden pedir la expropiación forzosa. Pero además, la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) que entró en vigor en 2003 establece que estos suelos deben ser valorados como urbanizables.

Desde que se aprobó el PGOU, en 1997, el Ayuntamiento no inició un sólo paso para hacerse con el suelo, por lo que los propietarios entendieron que se consolidaban derechos de aprovechamientos. Es el caso por ejemplo del presidente de la promotora Aifos, Jesús Ruiz Casado, que se hizo en 1999 con 18.000 metros cuadrados. Como no fueron expropiados en cuatro años, entendió que tenía derecho a construir o pedir la expropiación forzosa por 21 millones de euros, a precio de suelo urbanizable. Incluso el propio Ayuntamiento lo consideró así y en la aprobación inicial del nuevo PGOU, en julio de 2006, el suelo aparecía como urbanizable con la posibilidad de construir 22 chalés. Pero después, y ante la fuerte presión ciudadana, el consistorio decidió que en el emblemático monte Gibralfaro ya no se construyera más y mantener los suelos como zona verde. El justiprecio para este suelo se ha fijado en 2,6 millones.

El PSOE reprocha al equipo de Gobierno que ahora tenga que pagar 15, 4 millones por los suelos cuando pudo hacerlo antes de 2001 por un precio mucho menor y le considera responsable de la especulación en la zona.