Las principales medidas de las administraciones públicas para dinamizar el mercado inmobiliario siempre inciden en la necesidad de sacar a la superficie las viviendas alquiladas que no se declaran a la Agencia Tributaria. Sin embargo, estas disposiciones parecen no estar surtiendo efecto. Según estimaciones de un informe elaborado por el sindicato de técnicos de Hacienda (Gestha), en Málaga existen 46.625 casas arrendadas que escapan al control del fisco, lo que supone que las arcas públicas dejaron de ingresar durante 2008 más de 91,7 millones de euros.
El censo total de casas alquiladas de la provincia asciende a 61.416, lo que supone que el 74,29% de ellas no se declararon durante 2008, según las estimaciones de Gestha, que para calcular estas cifras extrapoló el dato andaluz de domicilios no declarados (74,29%) al censo de viviendas arrendadas de Málaga.
Tal y como explica el vicepresidente del sindicato, José María Mollinedo, la mayor parte de los propietarios son pensionistas que complementan su paga mensual alquilando su segunda residencia o familias que, tras adquirir una nueva casa, optan por no vender la antigua y la ofertan en el mercado del alquiler.
Mollinedo afirma que estos datos demuestran que "la Agencia Tributaria está perdiendo la batalla contra el fraude". "Si no son capaces de detectar estos fraudes tan sencillos, cómo van a detectar otros más complejos, de más enjundia", reflexiona el vicepresidente nacional de Gestha.
"En la Costa del Sol ha habido muchos casos de corrupción. Por ello, cabría preguntarse: ¿en cuántos de ellos ha llevado la iniciativa la Agencia Tributaria? ¿Cómo no se dio cuenta, por ejemplo, del patrimonio que supuestamente amasó Juan Antonio Roca en Marbella?", recalcó. Fácil: para el sindicato todo radica en la falta de medios.
También reclama el colectivo la aplicación efectiva de las normas aprobadas. Así, ayer denunciaron que, tres años después de la entrada en vigor de Ley de Prevención del Fraude Fiscal, Hacienda no "ha aprobado todavía la norma que permitía la aplicación efectiva de su medida estrella", que obligaba a las suministradoras de gas, agua y energía eléctrica a facilitar los consumos de todas las casas, permitiendo así la identificación de los inmuebles que, estando desocupados, esconden "realmente un alquiler sumergido".
En Andalucía, tres de cada cuatro alquileres escapan al control de Hacienda (hay 205.000 en la región). Ello supone que el 74,2% de estos domicilios son desconocidos para el fisco. Además, el valor relativo supera ampliamente el guarismo registrado en España (54%), donde hay un millón de residencias sin declarar, siempre según los datos del estudio.
El informe ha sido elaborado a partir del cruce de los últimos datos disponibles en Hacienda (2008) con los guarismos del Ministerio de la Vivienda. A pesar de la reforma fiscal aplicada en 2007 que permitió que afloraran 4.892 alquileres en la autonomía, un 5,4% sobre los 89.766 que emergieron en el país, "realmente el fraude en la autonomía aumentó en siete décimas por punto en el último año", dice el colectivo.
Por otro lado, cifran en más de 400 millones de euros las rentas sumergidas derivadas del arrendamiento de vivienda en Andalucía, calculadas teniendo en cuenta las reducciones aplicables. En España, la cuantía defraudada asciende a 2.450 millones de euros. Cataluña, Andalucía y Madrid son las que tienen más alquileres sumergidos.
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