Llevaban ocho meses merodeando por la urbanización Golden Hills, un complejo residencial de tres bloques con 34 viviendas alrededor de una piscina en Mijas (Málaga). Un día se dieron cuenta de que el vigilante de seguridad que custodiaba el recinto ya no iba por allí. Otro día comprobaron que un juzgado había ordenado el embargo de la urbanización porque el promotor no podía hacer frente a los pagos de la obra. El pasado sábado, alrededor de 150 personas, pertenecientes a varias familias de etnia gitana, dejaron las viviendas sociales en las que vivían hacinadas desde 2002, atravesaron el portón del complejo Golden Hills y ocuparon cada uno de los 34 pisos.
"Estamos dispuestos a que el banco que embargó las casas nos fije un alquiler acorde con nuestros ingresos", afirmaba ayer Juan, ferrallista en paro, de 25 años, casado, con dos hijos y nuevo vecino del ático. "Es mejor que estas casas estén ocupadas a que vengan los chatarreros a llevarse los marcos de las ventanas", argumentaba.
Los pisos bajos tienen cristales y techos falsos rotos y la suciedad comienza a acumularse en terrazas y jardines, por donde corretean los niños. Las casas tienen agua pero no electricidad.
El Ayuntamiento de Mijas, gobernado por el PSOE, rechazó la "ocupación ilegal de una propiedad privada" y recordó que las familias "tienen viviendas construidas en 2002 por la Junta de Andalucía con una inversión de 900.000 euros".
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