El Juzgado de Instrucción número 6 de Málaga ha archivado la causa abierta a instancias de la Fiscalía contra 14 controladores del aeropuerto malagueño que no acudieron a sus puestos de trabajo durante el conflicto aéreo que tuvo lugar en el puente de la Constitución de 2010 y que supuso el cierre del espacio aéreo español y la declaración del estado de alarma, según han informado a Europa Press fuentes judiciales.
El ministerio público decidió el 7 de diciembre de 2010 abrir diligencias de investigación para averiguar si existió algún abandono del servicio por parte de los controladores para secundar una huelga ilegal. Los controladores alegaron problemas de salud para ausentarse o no acudir al puesto del trabajo. Ante esto, el juzgado encargado de la causa citó a todos los médicos que los atendieron, confirmando que se trataba de bajas justificadas al encontrarse enfermos. Por ello, el jugado ha decidido el archivo, según publica el diario 'Málaga Hoy'.
La Fiscalía de Málaga citó a declarar durante los pasados meses de diciembre y enero a los 14 controladores, que, sin embargo, no quisieron responder a las preguntas planteadas por el ministerio público. Tras concluir las diligencias de investigación, la Fiscalía de Málaga interpuso el pasado 25 de enero una denuncia contra estos 14 controladores aéreos. DELITOS La Fiscalía sostenía que podría tratarse de un delito previsto en el artículo 409 del Código Penal, que se refiere a "las autoridades o funcionarios públicos que promovieren, dirigieren u organizasen el abandono colectivo y manifiestamente ilegal de un servicio público".
En este caso, se prevé multa de ocho a 12 meses y suspensión de empleo o cargo público por tiempo de seis meses a dos años. Asimismo, en un segundo apartado de dicho artículo se habla de "las autoridades o funcionarios públicos que meramente tomaren parte en el abandono colectivo o manifiestamente ilegal de un servicio público esencial y con grave perjuicio de éste o de la comunidad", para los que se fija una pena de multa, que oscila entre los ocho y los 12 meses. Además, el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, indicó que el personal de los aeropuertos que había permitido el caos aéreo durante el puente de la Constitución podría ser castigado hasta con ocho años de cárcel por sedición.
No hay comentarios:
Publicar un comentario