Un Juzgado ordena al Ayuntamiento de Benamocarra levantar el precinto del IES La Maroma

La situación del centro ha provocado tensiones entre el alcalde, la Junta y los padres de los alumnos

Un Juzgado ha tenido que ser el que finalmente haya impuesto la cordura en el conflicto del instituto de secundaria La Maroma de Benamocarra, que lleva 54 días precintado por decreto de Alcaldía en base a unos supuesto motivos de seguridad. El juez del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de Málaga, Óscar Pérez Corrales, ha dictado un auto, que tiene fecha del 14 de marzo, por el que estima una recurso presentado por la Junta de Andalucía contra el decreto de 28 de diciembre de 2011 del alcalde, Abdeslam Lucena (PP), decretando el cierre del instituto, auto que dispone asimismo la suspensión de la medida de precinto.

El auto, al que ha tenido acceso SUR, señala que el precinto fue adoptado por el Ayuntamiento como medida provisional al objeto de proceder a la inspección interior y exterior del centro para salvaguardar el derecho a la integridad física de los usuarios del servicio educativo, soolicitar a los juzgados autorización de entrada el IES y realizada la inspección correspondiente, iniciar los procedimientos de restablecimiento de la legalidad urbanística, levantándose el precinto cuando quede garantizada la seguridad de las personas usuarias del IES.

Según consta en el apartado de razonamientos jurídicos, el juez hace constar sobre el objeto del recurso de la Junta y la suspensión del precinto solicitada por Educación, que el decreto recurrido no se enmarca formalmente en ningún procedimiento, sino que el Ayuntamiento lo justifica por razones de seguridad avaladas en informes técnicos emitidos por el Consorcio de Bomberos, el arquitecto municipal y el ingeniero de caminos sobre la conexión eléctrica, así como para hacer la inspeción. Para el titular del Juzgado, el precinto sólo se justifica desde la perspectiva de hacer posible la inspección del centro, es decir solicitar la autorización judicial para acceder al instituto. En este sentido, el juez explica que la solicitud realizada por el Consistorio al Juzgado para permitir el acceso fue denegada "no por causa de que al Ayuntamiento le asistiera o dejara de asistir la razón. La denegación tuvo su causa en la existencia precisamente de este procedimiento (tramitado en el mismo Juzgado), en el que se encontraba recurrido por la Consejería de Educación el decreto municipal de 28 de diciembre".

Asimismo, el juez hace constar que el auto dictado en su día denegando la autorización solicitada por el Ayuntamiento no estaba prohibiendo la entrada en el IES paa realizar la inspección. En este sentido, explica además que, de mediar el consentimiento de la Delegación de Educación, como así ha venido siendo, no impedía que los inspectores accedieran en cualquier momento al instituto.

Un auto de 18 páginas

En la decisión judicial disponiendo que se levante el precinto, de más de 18 páginas, el juez se preguntan si "es necesario un precinto para hacer posble una labor inspectora. La respuesta -indica el titular del Juzgado-, obviamente, es negativa. Una tarea de inspección únicamente requiere eso, realizar la inspección, y asi el titular del lugar que ha de ser inspeccionado se opone, lo que procede es solicitar autorización judicial para accedetr. Un precinto sólo estaría justificado en relación con la labor de inspección si se utiliza como medida precautoria para impedir que se perturbe el estado de hecho de las cosas en tanto en cuanto se recaba la autorización para acceder, y siempre, claro está, que se ofrezcan razones y se expliquen cuáles son los peligros de perturbación que se detectan y por qué. Nada de ello acontece en el caso, pues en ningún momento se refiere el Ayuntamiento demundado a un riesgo de alteración de las cosas por la Delegación rovincial de Educación. Pero es más, ni existe ese riesgo, ni existe en las axctuiaciones conformadas en este momento decisorio con la documentación aportada".

El autor es absolutamente demoledor al referirse al precinto decretado por el alcalde. El juez señala incluso que la decisión de precintar el IES "carece de apariencia de legalidad en tanto en cuanto ni consta voluntad obstativa a la tarea inspectora por parte de la Delegación Provincial de Educación, ni consta -por ello- la necesidad de solictar autoprización judicial, ni constan razones de riesgo de que por causa de tener que solicitar esa autorización judicial y ante el lapso temporal que ello conlleva, exista la posibilidad de que por parte de Educación se altere el estado de hecho de las cosas".

La delegación de Educación tiene previsto personarse en Benamocarra en las próximas horas para abrir las puertas del centro y evitar que los alumnos tengan que seguir desplazándose a los módulos prefabricados de Torre del Mar donde llevan las últimas semanas.