La Fiscalía de Málaga ha realizado escrito de acusación contra 17 guardias civiles que prestaban servicio en el aeropuerto de Málaga a los que acusa de un delito de cohecho por pedir dinero a los viajeros extranjeros para poder pasar el equipaje, tanto alimentos, en algunos casos no permitidos, como distintos objetos. En todos los casos, se pide suspensión de empleo o cargo público.
En sus conclusiones provisionales, el fiscal acusa a 11 agentes por un delito de cohecho, por el que pide para cada uno la suspensión de empleo o cargo público durante tres años y multa que depende de los casos. Por contra, a seis guardias civiles se les acusa por delito continuado de cohecho, solicitando tres años y nueve meses de suspensión y multa.
De esos seis, en cuatro casos el fiscal incluye en su escrito inicial, al que tuvo acceso Europa Press, la calificación alternativa por un delito de omisión del deber de perseguir delitos, por el que solicita dos años de inhabilitación especial para guardia civil o cargo análogo, y por otro de cohecho, por el que pide suspensión por tres años y multa.
La Unidad Central Operativa de la Dirección General de la Guardia Civil supo en 2005 que algunos de los componentes del cuerpo destinados en la sección fiscal del aeropuerto malagueño solicitaban a los viajeros dinero para no retenerles ciertas pertenencias, según explica la acusación pública.
En esta línea, apunta el ministerio fiscal, los investigadores tuvieron conocimiento de que incluso por parte de la comunidad china afincada en la Costa del Sol se advertía a sus familiares que cuando viajaran a Málaga trajeran en la mano un billete de 50 euros para evitar problemas. En esta causa, también está acusado un hombre de origen chino por cohecho.
En noviembre de 2005, un familiar de uno de los viajeros denunció los hechos. Tras eso, se solicitó autorización judicial para desviar la señal de una cámara, ubicada sobre una cinta de la terminal, e instalar otra en una oficina de la aduana, donde presuntamente se pedía y entregaba el dinero. Así, en las conclusiones provisionales se detallan varias peticiones entre el 20 de enero y el 8 de febrero de 2006.
Según el fiscal, presuntamente los agentes requirieron dinero por dejar pasar equipajes, alimentos sin que hubiera una prohibición expresa por la ley, pero también comida que no podía ser libremente importada, ropa, dinero y, en un caso, un ordenador con el pretexto de que la aduana estaba cerrada.
En febrero de 2006 fueron detenidos 19 guardias civiles, de los que cinco ingresaron en prisión tras declarar ante el juez de guardia. Uno de los agentes imputados falleció. La Guardia Civil sostuvo en ese momento que los detenidos venían cobrando pequeñas cantidades de dinero a cambio de agilizar u omitir los trámites aduaneros de los equipajes de viajeros extracomunitarios o por realizar trámites inexistentes a viajeros comunitarios.
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