La guerra entre los funcionarios y los jueces y fiscales de la Ciudad de la Justicia parece no tener fin. A primera hora de la mañana, según denuncian los sindicatos USO y STAJ, la Guardia Civil, por orden del coronel, sólo dejaba pasar a los trabajadores hasta que se cubrieran cien plazas, mientras que se habían reservado sesenta para los magistrados y los acusadores públicos.
Esta orden contraviene, denuncian los sindicatos, tanto el criterio de la Junta de Andalucía, consistente en que pasen al parking todos los empleados públicos sin distinción de cargo o labor hasta que se cope la totalidad del aparcamiento; y las directrices dadas por el juez decano y el presidente de la Audiencia, que "por motivos de seguridad" adjudicaron las plazas a los colectivos profesionales que ellos representan. Dos posturas distintas que provocaron ayer que el viceconsejero de Justicia, José Antonio Ortiz, ordenara el cierre del parking, aunque no se dieron explicaciones sobre si el mismo será temporal o permanente.
Problemas. Los sindicatos afirman que a la hora en que se clausuró esta dependencia –09.30–, de las 60 plazas reservadas a la judicatura solamente se habían cubierto 11. A las 07.50 horas, se impidió la entrada a los funcionarios que llegaban dado que sus zonas de estacionamiento estaban repletas.
La situación llegó a tal punto que la Delegación Provincial de Justicia decidió enviar al parking a su secretaria general, Gloria Carbonero, y al gerente del edificio, Antonio José Moreno, quienes, junto a un inspector de servicio con capacidad para certificar, levantaron acta de los acontecimientos. Acto seguido, llamaron al viceconsejero de Justicia, José Antonio Ortiz, quien decidió cerrar el parking. Fuentes consultadas por este periódico aseguraron que Ortiz ha mantenido contactos con los mandos de la Guardia Civil para solucionar el tema. Hoy podría ser reabierto el parking siempre que se respete el riguroso orden de llegada al mismo. Si no, la Junta lo mantendrá cerrado a cal y canto.
Asimismo, el decano, José María Páez, ha enviado un requerimiento en el que se recuerda tanto al capitán de la Guardia Civil como a la gerencia del edificio que, de no seguir el acuerdo dictado tanto por él como el presidente de la Audiencia, podrían incurrir en un delito de desobediencia.
La denuncia que interpuso la magistrada de la Audiencia contra un subteniente de la Guardia Civil que no le dejó pasar al aparcamiento subterráneo ya ha sido enviada a un juzgado de Instrucción y se han formado las correspondientes diligencias previas.
Adriano Moreno, responsable del SPJ-USO, calificó ayer los acuerdos de la judicatura como "pactos coactivos de dudosa legalidad" y afirmó que la gestión de los edificios judiciales, como se recoge en el Estatuto de Autonomía, corresponde a la Junta de Andalucía.
Juan Antonio Luque, secretario del STAJ, consideró que "se han conculcado los derechos de los trabajadores que prestan servicio en las instalaciones" y aseguró que el colectivo está sufriendo "un atropello" por parte de los magistrados.
Además, la Junta de Personal acordó ayer celebrar una concentración de protesta el próximo 8 de octubre, a las 12.00 horas, que tendrá lugar a las puertas de la Ciudad de la Justicia. El caso acabará, casi con seguridad, en los tribunales. Los magistrados recuerdan que los fallos del pasado 8 de julio, en los que se atribuían el uso del parking, no han sido recurridos por nadie y, por tanto, son resoluciones firmes.
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