Un agente de la Policía Local de Almogía quedó ayer en libertad con cargos de falsedad en documento público y prevaricación en la trama por ilegalidades urbanísticas que investiga un juzgado de Málaga. El agente prestó declaración ante la Guardia Civil en la comandancia de la capital malagueña, y quedó en libertad sin pasar a disposición judicial. En la misma situación quedó una funcionaria municipal que declaró por la tarde.
La Guardia Civil interrogará en los próximos días a una veintena de personas vinculadas al Ayuntamiento de Almogía, concejales, funcionarios y algunos familiares de éstos, en relación con la concesión de licencias para construir en suelo rústico no urbanizable y la tramitación de expedientes por disciplina urbanística en el municipio de unos 4.000 habitantes en la comarca de los Montes de Málaga. De momento no se ha practicado ninguna detención, la Guardia Civil ha citado a los implicados y, en principio les tomará declaración a todos antes de ponerlos a disposición judicial para que la instructora del caso decida si formula imputación. los imputa.
Además de los testimonios directos, será determinante el análisis de la documentación que los agentes intervinieron antes de ayer durante casi 12 horas de registro del Ayuntamiento de Almogía.
El alcalde, Cristóbal Torreblanca (PSOE), vivió ayer con absoluta normalidad. Por la mañana en su despacho en la Diputación Provincial, donde es responsable del área de Gobierno Interior, y por la tarde en su casa en Almogía.
El policía local y la funcionaria municipal fueron interrogados sobre la tramitación de expedientes por disciplina urbanística. La investigación trata de esclarecer si, además de permitir construcciones en suelo rústico no urbanizable, el Ayuntamiento de Almogía ha diligenciado y resuelto convenientemente los expedientes urbanísticos y ha tomado las oportunas medidas sancionadoras cuando eran pertinentes.
El alcalde reconoció antes de ayer que el Ayuntamiento tiene abiertos 283 expedientes por disciplina urbanística, en su inmensa mayoría abiertos tras inspecciones de la Policía Local y relativos a la construcción en suelo rústico. El concejal de IU Diego Aranda se ha quejado de que buena parte de estos expedientes están sin resolver y acumulan retrasos injustificados.
La juez instructora mantiene secretas las actuaciones. En principio, se apunta la comisión de posibles delitos de prevaricación, falsedad y contra la ordenación del territorio; pero los investigadores tratan de averiguar también si ha podido mediar algún tipo de cohecho o pagos por la tramitación de los expedientes.
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